Durante su visita a Damasco, hace dos meses, Stefan Füle, comisario europeo para la Ampliación y la Política de Vecindad, dijo que había llegado la hora de firmar el acuerdo de asociación UE-Siria, inactivo desde hace mucho tiempo. ¿Diría lo mismo hoy? Tras la brutal represión ejercida por el régimen de Bashar al Assad, lo más probable es que no. Por su parte, el presidente sirio afirmó en enero que las revueltas de Túnez y Egipto estaban provocadas por el "estancamiento" y la "desesperación", dos problemas que, según él, Damasco no padecía. Con esta declaración, el mandatario demostró una actitud demasiado confiada ya que, aunque su pueblo no pide su dimisión, si exige una apertura del régimen político y la derogación del estado de seguridad.
Las acciones del Gobierno y las diversas ramas de sus servicios de inteligencia han sido todo menos lo que la responsable de la Política Exterior de la UE, Catherine Ashton, pidió. En vez de abordar las quejas de su pueblo en un diálogo político integrador, Assad ha tomado drásticas medidas al más puro estilo de autócrata sorprendido por los acontecimientos: detenciones (entre ellas de escolares), disparos contra manifestantes (incluso con balas de verdad) y disolución forzosa de las manifestaciones (como una vigilia con velas ante la embajada libia).
Los Veintisiete, mientras tanto, han demostrado haber aprendido la lección tras Túnez y Egipto. Ashton fue rápida en su condena de la violencia contra los manifestantes sirios, clara en su exigencia de que se pusiera en libertad a los presos políticos y sagaz en su petición de que finalizaran los 48 años de estado de emergencia. Como ocurre en casi todos los regímenes autoritarios, la inmunidad de los omnipresentes servicios de inteligencia y su potestad para detener sin cargos, constituyen la columna vertebral de la opresión ejercida por el Gobierno.
La UE y el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) aprenden con cada transición sucedida en los países MENA, pero los métodos de coacción y cooptación de los Estados del Mediterráneo son suficientemente sofisticados, mejorados a lo largo de años de gobiernos dictatoriales. Siria no es ninguna excepción, como demostró en 1982 con el asesinato de 20.000 civiles en Hama. El entonces presidente Hafez al Assad ordenó sitiar y bombardear la ciudad durante tres semanas con el pretexto de aplastar a los Hermanos Musulmanes.
Esta acción brutal del régimen sirio contra su pueblo sigue siendo un factor que limita la disposición de la gente a salir en masa a la calle. Las bolsas de disidencia, hasta ahora, han sido pequeñas y aisladas. Otro factor que desanima a los opositores es la poca probabilidad de que haya desertores en el Ejército que se pongan de su lado, como ocurrió en Egipto y Túnez y ahora en Yemen. Bajo los mandatos de los dos Assad, padre e hijo, las filas de los militares y los servicios de inteligencia se han ido llenando gradualmente de miembros de su secta alauí, un grupo minoritario pero selecto. Los blogueros del país hablan de la ejecución de un soldado por haberse negado a disparar contra la multitud en Deraa.
Igual que las protestas de El Cairo no pueden atribuirse a las estrechas relaciones de Hosni Mubarak con Estados Unidos, tampoco podemos suponer que, en el lado opuesto, la retórica hostil de Assad respecto a Washington e Israel esté alimentando las quejas sirias. Aunque en estos 48 años siempre ha sido fundamental tener un historial sólido de política exterior para conservar una pátina de legitimidad por debajo del estado de emergencia, la población, agitada, acepta cada vez menos ese argumento como garantía de una política interior segura.
En el plano nacional, Assad ha emprendido un Plan Quinquenal económico que prevé un 5% de crecimiento anual. Eso, unido a sus anuncios de reforma y la campaña anticorrupción que llevó a cabo cuando llegó al poder, le da un matiz progresista del que carecía su padre. Ahora bien, junto a la modesta mejora económica que ha tenido Siria, no ha habido cambios políticos paralelos. El último informe de la organización Human Rights Watch lamenta una "década desperdiciada". Asimismo, la promesa del presidente de levantar el estado de emergencia no servirá de nada si, como ha dicho su portavoz, se mantienen unas "leyes que garantizan la seguridad de la nación y sus ciudadanos". Está por ver si los posibles cambios en la Constitución llegan hasta el punto de abrir el terreno político a elementos no baazistas en las elecciones municipales y parlamentarias previstas para este año.
En todo este asunto, Bruselas está desempeñando un buen papel. Con el espacio que le han dado nuestros primos americanos (cosa que, al principio, desconcertó al recién nacido SEAE), ahora está empezando a actuar como un auténtico actor regional, decidido a hacerse oír pero debidamente humilde y sin dictar políticas. Eso sí, si se mantiene la perspectiva de firmar el acuerdo de asociación, la Unión no debería dudar en adjuntar una nueva cláusula o un nuevo documento sobre derechos humanos, como reclamaron varios Estados miembros cuando se suspendieron las negociaciones en 2008.
Mientras tanto, y tras el decepcionante discurso de Bashar al Assad, la UE no debe dejarse engañar por liberaciones simbólicas de presos políticos y anuncios de reformas para acallar las demandas locales: reorganizar el Gabinete (es decir, que el primer ministro, Naji Otri, el ministro del Interior, Saed Samour, el ministro de Defensa, Ali Habib Mahmud, y el ministro de Justicia, Ahmed Younes, jueguen a las sillas) no es lo mismo que nombrar uno nuevo; y poner fin al estado de emergencia no significa tampoco la disolución del omnipresente mukhabarat. Todo el mundo está nervioso en estos momentos: los vecinos de Damasco observan la situación y los Veintisiete contienen el aliento en previsión de las repercusiones que puedan tener las respuestas de Assad en Siria y en toda la región.
Hélène Michou en Foreign Policy en español
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