El informe Restricciones a la libertad de expresión en Cuba subraya las medidas del sistema legal y las prácticas gubernamentales que restringen la información dada a los medios y que se han utilizado para detener y procesar a cientos de críticos del gobierno.
“Las leyes son tan vagas que casi cualquier acto de oposición puede criminalizarse de alguna manera, por lo que es muy difícil que los activistas hablen contra el gobierno. Es necesaria y urgente una reforma para que todos los derechos humanos sean una realidad para todos los cubanos”, ha afirmado Kerrie Howard, directora adjunta para las Américas de Amnistía Internacional.
Yosvani Anzardo Hernández, director del periódico en línea Candonga, es uno de los muchos periodistas independientes cubanos a quienes las autoridades han arrestado arbitrariamente, interrogado e intimidado.
En septiembre de 2009, fue detenido arbitrariamente durante 14 días, antes de ser liberado sin cargos. En ese momento, la policía confiscó su computadora, desde donde se publicaba el sitio web, y desconectó su línea telefónica.
Aunque Yosvani Anzardo está resignado a no continuar con el sitio, aún no entiende por qué lo cerraron. “Esperábamos que el gobierno entendiera que lo que hacíamos era ejercer un derecho; no dañamos a nadie”, dijo el periodista. “Sólo hicimos todo lo posible por informar sobre lo que sucedía en el país. Ellos [las autoridades] lo consideraron peligroso.”
El Estado cubano tiene un monopolio virtual sobre los medios, aunque exige que todos los periodistas se unan a la asociación nacional de periodistas, que a su vez está controlada por el Partido Comunista.
Las autoridades también han establecido filtros para restringir el acceso a blogs que critican abiertamente al gobierno y las restricciones a las libertades fundamentales.
La Constitución cubana llega aún más lejos al limitar la libertad de expresión, estableciendo que “ninguna de las libertades reconocidas para los ciudadanos puede ejercerse contra lo que se establece en la Constitución y la ley, o contra la existencia y objetivos del Estado socialista, o contra la decisión del pueblo cubano de construir el socialismo y el comunismo.”
El Código Penal establece un rango de vagos cargos criminales que pueden utilizarse para acallar la disidencia, tales como “peligrosidad social”, “propaganda enemiga”, “desprecio a la autoridad”, “resistencia”, “difamación de las instituciones nacionales” e “impresión clandestina”.
También se han utilizado las medidas de la Ley 88 sobre la Protección de la Independencia Nacional y la Economía de Cuba para reprimir la crítica y castigar a los disidentes que trabajan para medios extranjeros.
Con un poder judicial que no es independiente ni imparcial, los críticos del gobierno encuentran que un rango ilimitado de actos pueden interpretarse como delictivos y terminan enfrentándose a juicios a menudo sumarios e injustos.
Las autoridades cubanas niegan la existencia de presos políticos en el país, pero Amnistía Internacional sabe de al menos 53 presos de conciencia que permanecen encarcelados en el país por ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión.
Uno de los 75 disidentes arrestados en la represión de la “Primavera Negra” en 2003, el periodista independiente Pablo Pacheco Ávila, fue sentenciado a 20 años en prisión por escribir artículos en periódicos extranjeros y en línea, dar entrevistas a estaciones de radio extranjeras y publicar información en Internet.
A pesar de que algunos presos de conciencia son liberados por motivos de salud, como Ariel Sigler Amaya en junio de 2010, la mayoría, incluyendo a Pablo Pacheco Ávila, siguen presos.
El gobierno cubano intenta justificar su incapacidad para proteger los derechos humanos señalando los efectos negativos el embargo impuesto por los Estados Unidos.
“Queda claro que el embargo estadounidense tiene un impacto negativo en el país, pero francamente es una excusa pobre para violar los derechos del pueblo cubano”, ha asegurado Kerrie Howard. “El gobierno necesita encontrar soluciones para terminar con las violaciones contra los derechos humanos, y no excusas para perpetrarlas.”
Amnistía Internacional llama al gobierno cubano a revocar o enmendar las medidas legales que limitan la libertad de expresión, terminar con el hostigamiento de los disidentes, liberar a todos los presos de conciencia, y permitir el libre intercambio de información a través del Internet y otros medios.
“Liberar a todos los presos de conciencia y terminar con el hostigamiento a los disidentes son medidas que el gobierno cubano debe tomar inmediata e incondicionalmente”, dijo Kerrie Howard.
“Sin embargo, para honrar su compromiso con los derechos humanos, Cuba también debe desmantelar la maquinaria represiva que ha construido durante décadas, así como implementar las reformas necesarias para que los derechos humanos sean una realidad para todos los cubanos.”
Participa en la ciberacción de Amnistía Internacional
Ante esta situación, en la ser periodista es una profesión de riesgo en Cuba que puede provocar detenciones, interrogatorios e incluso largas condenas de prisión, Amnistía Internacional pone en marcha una ciberacción para exigirle al gobierno cubano que respete la libertad de expresión.
La organización hace un llamamiento a la ciudadanía para se sume a su acción en www.actuaconamnistia.org
Tomado de: dMinorias
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