"Cuba puede meterse en la data de identificación de todos los venezolanos”

La oposición denunció que el contrato para que una firma de La Habana realice las cédulas de identidad electrónicas pone en riesgo los datos de su población y el derecho a la intimidad. Sospechas de sobreprecios

Tras la caída del Muro de Berlín y el fin de la Unión Soviética, Cuba tuvo que sobrevivir una década sin su principal sostén financiero. Con la llegada de Hugo Chávez al poder en Venezuela a fines de los '90, el Palacio de Miraflores se transformó en su principal aliado y una constante fuente de capital. Con créditos blandos o contratos como el intercambio de médicos por petróleo, desde Caracas salieron partidas millonarias hacia las arcas del gobierno comunista que una y otra vez fueron cuestionadas por la oposición.

En este contexto se enmarca una nueva denuncia de la coalición opositora Mesa de Unidad (MUD), a raíz sobre un contrato por 170 millones de dólares con la empresa cubana Albet, para la elaboración de una nueva cédula electrónica para los venezolanos. Con un agravante que se suma a las numerosas denuncias de sobreprecios que suelen tener esos pactos: están en juego los datos personales de 28 millones de venezolanos, protegidos por la Constitución.

"El Estado le ha traspasado a esa empresa la data que contiene toda la información de identificación de los venezolanos. Es la data que va al Consejo Electoral y puede ser un patrón de conducta guiado por el Gobierno de ese país para intervenirla con fines electorales el próximo año, ante el desmejoramiento progresivo del señor Presidente en su aspiración a la tercera reelección", sostuvo el diputado Abelardo Díaz, durante el anuncio de una presentación ante el Tribunal Superior de Justicia para pedir la nulidad del contrato.

Además, la MUD informó que citará este martes al ministro del Interior, Tareck el Aissami, para que explique ante la Asamblea Nacional la entrega de dinero al gobierno cubano, el propósito del flamante contrato y los precios abonados.

Este último punto no es menor. La Mesa de Unidad sostiene que Albet cobrará 170 millones de dólares, pero subcontrató por 40,5 millones de esa moneda a una firma de capitales holandeses y mexicanos llamada Gemalto, porque no tiene infraestructura para realizar cédulas. De hecho, Díaz comentó que la empresa apenas tiene 10 empleados. "Se trata de la cedulación más cara del mundo", sentenció, antes de calificar al acuerdo como un "megaguiso".

Este viernes, desde Miami, Florida, el diputado Miguel Ángel Rodríguez precisó a la cadena CNN que Gemalto proveerá "el plástico, los chips y el software para la cedulación". Por eso, se preguntó: "¿Qué podemos decir de los restantes 130 millones de dólares? Los presumimos estafados". Y fue más lejos que sus compañeros de bancada, al tildar al contrato como una "traición a la patria".

"Vamos a solicitar la nulidad de ese contrato, conscientes y a sabiendas de que aquí no hay instituciones públicas autónomas que puedan procesar estas denuncias, pero también contestes y claros de que estos delitos de corrupción no prescriben y que más temprano que tarde todas estas cosas tendrán sus sanciones respectivas", subrayó Díaz el jueves.

En tanto, citado por el diario El Nacional, el investigador de seguridad de datos Carlos Colina comentó que denunció el contrato ante la Defensoría del Pueblo porque sus términos violan los artículos 28 y 60 de la Carta Magna, es decir, los derechos al honor, a la intimidad y a la confidencialidad. "Dos empresas extranjeras controlarían nuestros datos personales y privados", concluyó.

En este sentido, Díaz destacó: "El Gobierno cubano va a poder meterse abiertamente en la data de identificación de los venezolanos, con la posibilidad de hacer cambios y modificaciones en ella y va a poder entregar documentos de identificación venezolanos a ciudadanos de otros países". Por eso, terminó diciendo que se trató de un "manejo antipatriótico e irresponsable" del Estado venezolano.


Fuente: Infobae

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