(La Habana, Cuba). Las pistas sobre el futuro económico de Cuba están visibles por toda La Habana, en las fachadas de las casas y en garajes, en pequeños rótulos escritos a mano que dicen “Reparación de colchones”, “Arreglo cocinas” o, simplemente, “Pasteles”.
Los carteles pertenecen a los empresarios autónomos cubanos, una incipiente clase a la que EEUU quiere echar una mano al entender que ellos son actores del cambio que se está produciendo en la isla comunista. Con la administración Obama cambiando la estrategia de EEUU de una postura hostil hacia una de mayor compromiso con Cuba, Washington ha destinado 3 millones de dólares de ayuda al desarrollo para colaborar con los incipientes empresarios cubanos y otros grupos “de la sociedad civil”.
El dinero apoyará acciones de desarrollo económico de base en la isla, especialmente entre aquellos que estén enfocados en “promover el autoempleo y las iniciativas empresariales”, según las líneas de acción difundidas por la Agencia de estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID) el mes pasado.
Pero algunos de los cubanos que se han pasado años defendiendo reformas hacia una economía de mercado dicen que tienen una sugerencia mejor para esos 3 millones de dólares: déjenlos en Washington.
“Es una política errónea”, asegura un economista cubano a favor de las reformas, y que no está autorizado a hablar con la prensa extranjera sin permiso oficial. “Cuando EEUU pone su apoyo o su dinero detrás de algo, la gente aquí se vuelve sospechosa o pega un frenazo”.
Él y otros aseguran que en estos momentos se está produciendo una lucha entre bambalinas entre el gobierno cubano y el partido comunista, entre quienes piden reformas de mercado y los de la línea dura, deseosos de mantener el status quo. Los legisladores de EEUU fallan al no darse cuenta de la importancia de ese debate, dicen los analistas cubanos.
Otros señalan que con 3 millones de dólares en tres años, la financiación de USAID es más bien una cantidad simbólica que no dejará demasiada huella en una isla con 11 millones de habitantes.
Con la economía de Cuba resquebrajándose bajo el peso de la deuda, la enorme ineficacia y casi cinco décadas de embargo comercial de EEUU, el presidente Raúl Castro se ha comprometido a permitir a más cubanos abrir pequeños negocios e incluso contratar empleados, algo que ha sido un tabú durante décadas. Insiste en que su gobierno no está girando hacia el capitalismo, sino modernizando su sistema socialista con una medida económica de sentido común.
“Tenemos que borrar para siempre el concepto de que Cuba es el único país en el mundo en donde uno puede vivir sin trabajar”, dijo Castro ante el parlamento de la isla el 1 de agosto, mientras funcionarios del gobierno jugaban a quitar importancia a las reformas calificándolas como “ajustes” al modelo económico controlado por el estado.
Los problemas económicos de Cuba son tan acuciantes que Castro tiene apenas otra opción que probar nuevas estrategias. Su gobierno pretende recolocar o despedir hasta el 20 por ciento de los más de 5 millones de cubanos que trabajan para el estado. A algunos les ofrecerán trabajos en la agricultura y en la construcción, pero hay voces que dudan que el gobierno vaya a ser capaz de crear empleo lo suficientemente rápido.
La solución, parece, serán más trabajos en el sector privado. ¿Pero hasta dónde está dispuesto a llegar el gobierno?
En 1993, cuando Fidel Castro permitió a los cubanos solicitar permisos de autoempleo, unos 200.000 ciudadanos decidieron empezar a trabajar por su propia cuenta, en muchos casos simplemente formalizando servicios que ya estaban ofreciendo en el mercado negro, de reparaciones mecánicas, carpintería o peluquería.
Hoy en día, muchos de los autónomos cubanos tienen que soportar unos cuantiosos impuestos y unas pesadas inspecciones del gobierno, que todavía controla cerca del 90 por ciento de la actividad económica de la isla.
Raúl Castro parece ahora preparado para ceder parte de ese control. Pero muchos potenciales empresarios están esperando a ver qué es lo que permitirán las nuevas normas. “¿Nos dejarán alquilar locales comerciales? ¿y comprar suministros a precios razonables? ¿contratar el personal que necesitemos? Tendremos que esperar a ver”, asegura un mecánico de coches de La Habana, que ahora trabaja en un atestado pequeño garaje en un barrio residencial.
El economista disidente Óscar Espinosa Chepe cree que EEUU acierta al tratar de organizar y apoyar a los nuevos empresarios cubanos. “Si se hace de una manera abierta, transparente, podría ser una contribución importante”, afirma. “No creo que haya ningún motivo para rechazarlo”.
Pero bajo la ley cubana, cualquiera que coopere con una acción financiada por EEUU para erosionar al gobierno puede ser enviado a la cárcel, así que la ayuda a los nuevos empresarios tendrá que ser concedida de manera encubierta, lo que supondrá un gran riesgo para todas las partes implicadas. El subcontratista estadounidense Alan Gross, que trabajaba con una subvención de USAID, fue detenido en diciembre y está retenido sin cargos en una cárcel de máxima seguridad desde entonces.
“Dada la naturaleza del régimen cubano y la sensibilidad política del programa, USAID no puede ser culpada de cualquier daño o inconveniente que sufran los individuos que viajen a la isla con financiación de USAID”, advierten las líneas del programa.
Hay países europeos que también financian proyectos para ayudar a los campesinos y a los empresarios de la isla, indican los expertos cubanos, pero generalmente no enmarcan la ayuda en términos de objetivos políticos e ideológicos de política exterior.
Tomado de: La Información
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