¿Quién se morirá ahora? Castro no está dispuesto a hacerlo por lo visto |
(La Habana, Cuba). En los próximos seis meses Cuba vivirá una pequeña revolución si se ejecutan los planes del gobierno para reducir los sueldos de unos 500.000 trabajadores estatales y compensar esos recortes con nuevas oportunidades para el autoempleo y la creación de empresas privadas.
El desafío será ideológico y también práctico, dado que el Gobierno cubano no necesita crear exactamente un nuevo sistema económico, sino más bien absorver uno ya en marcha, pero que funciona fundamentalmente en la sombra.
El periódico del partido comunista, Granma, publicó hace una semana un índice con las 178 ocupaciones que unos 250.000 cubanos podrán desarrollar de acuerdo a la nueva regulación del autoempleo desde este mes de octubre. Pero en la lista hay muchos empleos que los cubanos ya realizan de manera ilegal, en el mercado negro, arriesgándose por ello a multas y quizás algo peor, sin pagar impuestos y no dejando ningún rastro de facturas.
¿Estarán las cuidadoras de niños, jardineros y entrenadores de perros que trabajan en negro dispuestos a pagar impuestos y a declarar fielmente sus ingresos? ¿Les permitirá el gobierno prosperar y no intentará regular sus vidas hasta la muerte?
Los interrogantes sugieren que estos cambios históricos en Cuba exigirán un reajuste mental de los empresarios en potencia y también entre los funcionarios gubernamentales.
Durante décadas el Gobierno castrista ha tratado la economía de mercado como una fuerza moralmente corrosiva. Se colocaban grandes carteles que declaraban “Socialismo o muerte”, al tiempo que se desplegaban infinidad de agentes para asegurarse de que los cubanos no reparaban televisiones ilegalmente o vendían dulces sin permiso.
A principios de la década de 1990, el Gobierno levantó ciertas restricciones al autoempleo, pero volvió a poner el freno en cuanto la economía se recuperó (tal y como recordaba la bloguera cubana Yoani Sánchez en una entrevista con lainformacion.com). Esto llevó a miles de personas a quedarse sin su negocio o impulsadas de nuevo al mercado negro.
Esta vez el Gobierno asegura que las medidas de apertura están aquí para quedarse. “La medida de flexibilizar el trabajo por cuenta propia es una de las decisiones que el país toma en el rediseño de su política económica, para incrementar niveles de productividad y eficiencia.”, decía un artículo del diario estatal Granma sobre autoempleo titulado “Mucho más que una alternativa”.
Continúa diciendo que “se trata, además, de brindar al trabajador una forma más de sentirse útil con su esfuerzo personal” y admite que deben “alejarse de aquellas concepciones que condenaron el trabajo por cuenta propia casi a la extinción y a estigmatizar a quienes decidieron sumarse a él, legalmente, en la década de los noventa”.
Pero para salvar la desconfianza de los cubanos que han aprendido a realizar sus trabajos en secreto se necesitan mucho más que palabras. Muchos de los isleños han sobrevivido durante décadas gracias a sutiles artimañas, trabajando ilegalmente o engañando a sus jefes de un modo u otro.
Ahora el Gobierno les va a pedir que cumplan con un nuevo sistema de impuestos y que declaren honestamente sus ingresos y gastos.
Pero nadie sabe cómo va a salir adelante un sistema fiscal en un país que no tiene un sistema estandarizado de declaración de ingresos, y mucho menos el papel para imprimirlo. Tampoco está claro cómo hará el Ejecutivo para aplicar la tarea que supone la regulación del nuevo sector privado. La lista recién publicada de trabajos especifica incluso los personajes que los cubanos pueden encarnar como artistas callejeros.
Pero la logística puede ser tan importante como la ideología. Durante más de un año, el Gobierno de Raúl Castro ha estado preparando el terreno para estos cambios, animando en momentos puntuales a los cubanos a participar en más debates abiertos sobre los problemas económicos del país, tanto en reuniones locales como en medios estatales como Granma.
El resultado es un replanteamiento del socialismo cubano como un sistema que está aceptando cada vez más el papel del sector privado y vincula la productividad a los ingresos del trabajador. Los cubanos también podrán contratar a partir de ahora a empleados que no son miembros de su familia, algo que ya se practicaba ampliamente en el mercado negro pero que era un tabú ideológico hasta ahora.
De manera todavía más destacada, los cambios requerirán que los funcionarios del Gobierno cubano acepten que intentar evitar que la gente haga cosas para ganarse la vida es una pérdida de tiempo (y especialmente cuando logran ganar dinero). Las desigualdades existentes se ampliarán inevitablemente con estas nuevas medidas, por lo que el Gobierno de Castro tendrá que enfocar su ayuda hacia los más necesitados, lo que supondrá otro cambio en la isla respecto a su aplicación del igualitarismo.
“Que aporte más quien más reciba es el principio del nuevo régimen tributario que ayudará a incrementar las fuentes de ingresos al presupuesto del Estado, y a lograr una adecuada redistribución de estos a escala social”, decía el artículo en Granma.
El Banco Nacional de Cuba está estudiando propuestas para aportar microcréditos a potenciales empresarios, pero los analistas creen que gran parte del capital para los pequeños negocios llegará de los cubanos que viven en el extranjero. La isla recibe unos 1.200 millones de dólares (879.000 euros) al año en dinero efectivo enviado a sus casas por los cubanos expatriados.
Pequeños y medianos negocios estatales decrépitos podrían ser reconvertidos a lo largo de toda la isla. En un desvencijado puesto de comidas de un barrio del oeste de La Habana, Raúl Durán, de 52 años, trabaja para el estado haciendo bocadillos de jamón. Asegura que no ha estudiado las nuevas medidas, pero recibe con agrado la posibilidad de poder empezar un negocio o convertir uno existente en una cooperativa de trabajadores. “Cualquier cosa nueva es algo bueno”, dice.
Tomado de: La Información
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